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En San Juan de Lurigancho, se realizó un hecho sin precedentes en la historia del Perú: la exhumación de cuatro perros envenenados, un caso que ha captado la atención de la opinión pública. Esta acción legal se llevó a cabo tras una batalla judicial de 14 meses, en la que Antonieta, la dueña de los perros, ha buscado justicia por la muerte de sus mascotas, Rita, Negro, Choco y Chiquitín. Los animales fueron envenenados presuntamente por Sebastián Sánchez Oré, un vecino que, según las investigaciones, no tenía ninguna relación con Antonieta. El envenenamiento quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la denuncia.
El proceso de exhumación, realizado por un equipo multidisciplinario de veterinarios y biólogos, es la primera en su tipo en el país, marcando un hito en la investigación de delitos contra los animales. La intervención busca recolectar pruebas científicas que confirmen las causas de la muerte de los perros y, de este modo, fortalecer el caso en el ámbito legal. Gonzalo Pacho, abogado de la firma San Roque, que apoya solidariamente a Antonieta, señaló que el artículo 206-A del Código Penal peruano contempla penas de entre uno a cinco años de prisión por maltrato animal, un marco legal que espera ser aplicado con rigurosidad en este caso.
Doña Antonieta, profundamente afectada por la pérdida de sus perros, ha pedido justicia incansablemente. Durante el proceso, ha expresado su dolor y su compromiso con la causa animal, instando a las autoridades a tomar medidas serias para sancionar a quienes cometan actos de crueldad. «Ellos eran como mis hijos, ángeles de cuatro patas que me acompañaban», señaló con tristeza, refiriéndose a Rita, Negro, Choco y Chiquitín. Sus palabras han conmovido a muchas personas y han reavivado el debate sobre la protección de los derechos de los animales en el Perú.
La comunidad animalista y varias organizaciones de defensa de los animales han respaldado la lucha de Antonieta, viendo en este caso una oportunidad para crear un precedente que refuerce la legislación contra el maltrato animal. Los peritos encargados de la exhumación confían en que los resultados de los análisis forenses puedan aportar pruebas contundentes para asegurar una condena contra Sebastián Sánchez Oré. Este caso no solo busca justicia para los perros envenenados, sino también sentar un precedente en la forma en que se investigan y sancionan los crímenes contra los animales.
Con la exhumación ya realizada, ahora se espera la conclusión de los análisis científicos. Este proceso podría ser determinante para establecer la culpabilidad del acusado y, a la vez, generar un cambio en la conciencia social sobre el maltrato animal. En un país donde los derechos de los animales todavía carecen de un marco sólido de protección, el caso de Antonieta y sus perros se ha convertido en un símbolo de la lucha por un cambio estructural en la justicia peruana.
