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Los conductores de la empresa de transporte Santa Catalina han decidido no salir a trabajar debido a amenazas de extorsionadores. La flota de autobuses, que opera en San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, permanece paralizada como medida de seguridad. El motivo de esta decisión se debe a recientes actos de violencia perpetrados por delincuentes que exigen pagos a la empresa. Uno de los ataques incluyó disparos a unidades estacionadas, lo que ha generado un ambiente de temor entre los trabajadores. A continuación el video:
Las extorsiones comenzaron el pasado jueves cuando dos sujetos abordaron uno de los autobuses de la ruta C, dejando una carta con un número de WhatsApp para que la empresa se comunique y negocie los pagos exigidos. Ante la negativa de la compañía a responder a las amenazas, los delincuentes tomaron represalias, disparando contra los autobuses en Villa El Salvador. Las imágenes de los ataques muestran la indiferencia de los criminales hacia la seguridad de las personas, incluyendo una madre con un bebé en brazos que presenció los disparos.
Los directivos de la empresa han denunciado los hechos ante las autoridades, pero mientras no se resuelva la situación, la flota de Santa Catalina permanecerá fuera de servicio. Esta decisión afecta gravemente a unos 80.000 pasajeros diarios que dependen de esta línea de transporte para movilizarse. Los choferes, preocupados por su seguridad, exigen una solución rápida que les permita retomar sus labores sin arriesgar sus vidas.
La paralización no solo impacta a los pasajeros, sino también a los más de 500 trabajadores que se verán perjudicados mientras dure esta situación. Los representantes de la empresa aseguran que nunca antes habían sido víctimas de este tipo de amenazas en sus 60 años de operación. La incertidumbre y el temor se han apoderado de los trabajadores, quienes esperan que las autoridades tomen medidas contundentes.
El mensaje de los extorsionadores es claro: si la empresa no responde, atentarán contra la vida de los choferes. La inacción del gobierno y del Ministerio del Interior frente a estos actos de violencia ha sido duramente criticada. Los ciudadanos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador viven con miedo, en medio de una crisis de seguridad que parece no tener fin.
