En San Juan de Lurigancho existen 10 mil mototaxis formales y 9 mil informales

“Los mototaxis deben servir de alimentador a los vehículos de transporte público para aquellas zonas donde no tienen cómo acceder. Ahora están en todas las avenidas, desafiando la ley bajo el amparo de los municipios”, consideró Luis Quispe Candia, especialista en tránsito de la ONG Luz Ámbar, al agregar que de los 300 mil mototaxis que circulan en Lima, el 40% no cuenta con autorización.

Esto ha ocasionado que 300 mil de estas unidades circulen por Lima sin que exista una autoridad que las regule, función a cargo de los municipios distritales, que a pesar de sus esfuerzos no las pueden controlar.

Luis Quispe Candia, recordó que -según la Ley 27189- el servicio que brindan estos vehículos menores es solo para la periferia de la ciudad, en zonas donde no se accede al transporte público masivo, situación que no se cumple.

Descontrol

Si bien se ofrece el servicio en distritos urbanizados como Magdalena del Mar, San Miguel, Breña o el Cercado de Lima, el mayor problema está en la periferia, como en San Juan de Lurigancho, donde existen 10 mil mototaxis formales y 9 mil informales.

“En el 2013, un estudio indicó que San Juan de Lurigancho necesitaba 10 mil mototaxis. El estudio del 2018 señala que necesita 20 mil. Los 10 mil restantes serán ocupados por los actuales informales como parte de un plan regulador”, comentó Luis Domínguez, subgerente de Transporte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, quien reconoció que esta medida no garantiza la aparición de más informales.

Fiscalización.

Las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito son sancionadas por la Policía de Tránsito, pero las faltas cometidas durante la prestación del servicio son sancionadas por los fiscalizadores de transporte municipal. Estos últimos muchas veces no se dan abasto para cumplir a cabalidad esta labor.

Para Quispe Candia, la solución a este problema está en la creación de una Autoridad Única del Transporte, que se encargue de regular un servicio en donde cada distrito hace lo que quiere.

“Un solo ente rector debe regular el servicio de transporte urbano. No puede ser posible que cada comuna tenga sus propias reglas y que además, el control esté compartido entre la Policía de Tránsito y los agentes de Fiscalización de los municipios. Mientras no exista un orden, esta situación no cambiará”, finalizó el presidente de la ONG Luz Ámbar.

(Fuente: Diario Correo)