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Denuncian millonario negociado en limpieza pública en San Juan de Lurigancho

Un informe de Diario uno da a conocer una investigación al alcalde de San Juan de Lurigancho Juan Navarro por la “adjudicación a dedo la buena pro del servicio de recojo de residuos sólidos a la empresa ECO RIN SA, por un monto de S/7’003,995.25, pese a que la empresa tenía un capital social de apenas S/ 3,000.00″. Así señala el informe de Diario Uno, en su publicación de hoy:

“El alcalde Juan Navarro y su concejo municipal adjudicaron a dedo, según la investigación, (mediante acuerdo de concejo 962-2015-MDSJL) la buena pro del servicio de recojo de residuos sólidos a la empresa ECO RIN SA, por un monto de S/ 7’003,995.25, pese a que la empresa tenía un capital social de apenas S/ 3,000.00, conforme al asiento A00001 de la Partida 12370205.

Se justificó el recojo de 70,074.99 toneladas métricas de basura por el período de 90 días, cuando el distrito genera solo 600 toneladas. Es decir, que se pagó un adicional que no se sabe a dónde fue a parar”.

Dice la publicación de Diario Uno: “Más tarde Juan Navarro ordenó el desarrollo del Concurso Público 002-2017-CS/MDSJL con el fin de adjudicar a ECO RIN SA otro contrato, pero esta vez por S/ 69’315,325.00 por dos años, más allá de su período electo (hasta el 18 de diciembre de 2019).

En este segundo contrato es que se pretende recoger 950 toneladas métricas de desperdicios por día, cuando el distrito produce en promedio 600 toneladas”.

HABRÍAN FESTINADO FONDOS DE COMEDORES POPULARES

Según la publicación de Diario Uno: “la Fiscalía investiga también irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso de contratación de alimentos destinados al Programa de Complementación Alimentaria (PCA) que causaron que sus 29 mil 258 beneficiarios no recibieran alimentos durante cinco meses.

La Fiscalía indaga por qué esta licitación pública por Subasta Inversa Electrónica 009-2015/MDSJL fue declarada nula en cuatro oportunidades”.

La publicación del citado diario también señala que “un informe de la Contraloría en manos del fiscal Tito Quispe da cuenta que se detectó que una parte de los alimentos que se iban a adquirir para los comedores populares, ingresó al municipio del 9 al 12 de diciembre de 2015, cuando no se había dado la buena pro y aún no se había declarado la exoneración por desabastecimiento inminente, aprobada recién el 24 de diciembre de ese año”.

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