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El Congreso tiene plazo hasta el martes 9 para impedir que condenados por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación puedan ser candidatos
Una importante ley que impediría la postulación de sentenciados por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual podría no aplicarse en las próximas elecciones regionales y municipales si es que el Congreso no la ratifica hasta el próximo martes 9 de enero.
El problema es que, según el segundo vicepresidente Richard Acuña, el pleno tiene previsto sesionar el jueves 11. Si bien las normas relacionadas con procesos electorales deben publicarse un año antes de la elección para estar vigentes, el Congreso decidió (en noviembre pasado) que para los comicios del 2018 se podrían promulgar leyes hasta un día antes de la convocatoria del proceso.
En octubre pasado, el Congreso también determinó que la convocatoria se daría en un plazo no menor de 270 días calendario anteriores a la elección, el que se cumple el 10 de enero de este año.
La norma en cuestión se aprobó el 2 de noviembre del 2017. Durante el debate se pidió ampliar el rango del proyecto, que inicialmente solo proponía la prohibición para los condenados por el delito de terrorismo y apología. El texto sustitutorio incluyó delitos de corrupción, narcotráfico y violación sexual, aun cuando los sentenciados se hubieran rehabilitado.
La autógrafa se dio cinco días después, pero a fines de mes llegó una observación del Ejecutivo referida al siguiente apartado: “Los impedimentos no resultarán aplicables a quienes hubieran recibido indulto razonado o especial”. A inicios de diciembre del mismo 2017, la Comisión de Constitución se allanó a la observación, retiró el apartado y la norma quedó lista para publicarse.
Para esto último, sin embargo, se requiere que la decisión sea ratificada por el pleno.
—Riesgo—
Para el secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, si no se ratifica la norma para su aplicación en las elecciones regionales y municipales de octubre se corre el riesgo de que se presenten candidatos como Waldo Ríos, quien postuló en el 2014 pese a que arrastraba una condena del 2008 por delitos de cohecho pasivo y receptación. Ya en el cargo, en el 2016, Ríos fue condenado nuevamente, aquella vez por colusión y peculado.
“Si hasta el 10 de enero esta ley no ha sido publicada [en “El Peruano”], no será aplicable en las elecciones del 2018. El ex alcalde Ricardo Chiroque, preso por corrupción hasta el 2014, ya anunció que quiere volver a postular a la Alcaldía de San Juan de Lurigancho”, alertó.
(El Comercio)
