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Colegios particulares de San Juan de Lurigancho fueron fiscalizados por la SUNAFIL y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

El mencionado distrito cuenta con 266 colegios particulares y más de 3 mil trabajadores

Este es el tercer operativo realizado entre Sunafil y la DRELM a centros educativos

Diversas instituciones educativas privadas, situadas en San Juan de Lurigancho, fueron intervenidas por inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y supervisores de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) del Ministerio de Educación.

En San Juan de Lurigancho hay 266 centros educativos, de primaria y secundaria, los cuales brindan empleo a aproximadamente 2 mil 762 trabajadores y mil 91 locadores, según información proporcionada por la SUNAT.

Por ese motivo, la Sunafil busca reducir la informalidad en este sector Educación, junto a la DRELM, no solo en San Juan de Lurigancho, sino también en otros distritos de Lima. Anteriormente, ambas instituciones han intervenido centros educativos en Los Olivos y San Juan de Miraflores.

Durante el operativo, los inspectores de la Sunafil verificaron si los trabajadores –entre ellos profesores, auxiliares– se encontraban registrados en planillas e inscritos en la seguridad social y pensiones.

Por su parte, los supervisores de la DRELM, constataron que las instituciones educativas tengan autorización de funcionamiento y las condiciones adecuadas de seguridad e  infraestructura.

Cabe mencionar que los centros educativos que han sido fiscalizados tienen 30 días hábiles para presentar la documentación respectiva y hacer sus descargos, acerca de los presuntos incumplimientos observados por los inspectores.

El Minedu, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana es una de las instituciones que forman parte de la “Gran coalición para la formalización laboral y protección de derechos fundamentales”, la cual tiene como objetivo, sumar aliados en otras entidades del Estado para incrementar el poder fiscalizador de la Sunafil, tanto en la detección de nuevas infracciones, como en la imposición de sanciones cuando se detecten malas prácticas.

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